Afianzamiento de los proyectos eólicos en México

El potencial de generación mediante renovables en México está más que probado. No obstante, existen diversas limitantes que han impedido su desarrollo y consolidación, como la falta de políticas públicas adecuadas, la distribución inequitativa de recursos entre las comunidades regionales y la ausencia de programas de financiamiento para la instalación de tecnologías.

Avances. El gobierno estatal ha dado apoyo a diversos desarrollos eólicos en la región.

Por Christopher García.

El Gobierno Mexicano, mediante los apoyos financieros ofrecidos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha puesto en marcha un proyecto de cooperación técnica para salvar los huecos que existen en la estructura energética mexicana e impulsar el afianzamiento de una de las fuentes renovables con mayores perspectivas de beneficio para la industria de la energía en el país.

Según información ofrecida por el portal del BID, el Plan de Inversiones del Clean Technology Fund (CTF) para México fue aprobado por el Comité Fiduciario del CTF en 2009. Se trata de un “plan de negocios” presentado por el Gobierno de México y desarrollado en conjunto con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF, Banco Mundial), el BID y la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) para apoyar los objetivos de desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero.

El esquema de cooperación propuesto por México, denominado “Políticas públicas para maximizar beneficios locales de proyectos eólicos en México”, puede servir como apoyo para otras operaciones de energías renovables, en particular aquellas dirigidas a proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec.

El Gobierno de México, el CTF y los bancos multilaterales de desarrollo buscan demostrar que las energías renovables son opciones comercialmente atractivas, probadas y confiables, así como estimular la transformación del sector energético del país. Para ello se proponen diversas modalidades de trabajo. Primero, mejorar el marco normativo y regulatorio para el desarrollo de proyectos de energías renovables; segundo, establecer una facilidad financiera en Nacional Financiera para apalancar fondos y escalar inversiones públicas y privadas en proyectos de energías renovables, en particular eólicos y minihidroeléctricos; tercera, ofrecer instrumentos financieros y desarrollo de capacidades a los encargados de proyectos y a las instituciones financieras locales para la implementación de programas o proyectos que permitan el aumento de la inversión privada en proyectos de energías renovables; cuarto, proveer asistencia técnica y financiera para disminuir los costos de interconexión asociados con una capacidad cada vez mayor de generación de electricidad por energías renovables, y finalmente, apoyar a los centros de investigación locales en energías renovables para la demostración de tecnologías diseñadas para las condiciones de la región.

El desarrollo de proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec ha generado una cadena de valor que ha permitido la entrada de un volumen significativo de recursos a la región, en forma de renta de tierras, creación de empleos y adquisición de bienes y servicios. Estos recursos ofrecen una oportunidad para que la región se desarrolle de una manera socialmente incluyente; es decir, fortaleciendo el capital humano y social, aumentando las oportunidades y el acceso a recursos para todos los segmentos de la población, y reduciendo las desigualdades sociales y de género.

Desafíos inmediatos
La materialización de esta oportunidad es un gran reto, pues precisa la creación de mecanismos efectivos entre los distintos actores involucrados, en particular las empresas, la población local y los órganos de gobierno. Ante la falta de tales mecanismos, están surgiendo conflictos sociales derivados principalmente de las diferencias en la distribución de los beneficios entre las comunidades, así como en el interior de ellas. Estos conflictos pueden afectar la operación de los proyectos existentes y el desarrollo de nuevas iniciativas.

Para apoyar a los actores locales a enfrentar este complejo reto, el BID propone una estrategia doble. Por un lado, el diseño de políticas públicas que pueden implementar los órganos de gobierno, desde los comisariados ejidales o de bienes comunales, hasta el Gobierno Federal; por otro, el diseño de mecanismos que pueden implementar las empresas en colaboración con las comunidades.

Poco más de la mitad de la superficie de México, así como la mayoría de la superficie en el Istmo de Tehuantepec, se encuentra bajo las dos formas de propiedad social que existen en el país: los ejidos y las comunidades. Sus miembros son los ejidatarios y comuneros, y sus órganos de gobierno son los comisariados ejidales y los comisariados de bienes comunales, respectivamente.

Por ello, la cooperación técnica pretende diseñar políticas públicas para maximizar los impactos positivos de los proyectos eólicos en el desarrollo socialmente incluyente de la región, minimizar los posibles impactos negativos y mejorar la distribución de los beneficios entre las distintas comunidades, en el interior de cada una y entre hombres y mujeres.

La Secretaría de Energía, como institución a cargo de la política energética del país, y con el mandato de asegurar mecanismos de participación pública para el desarrollo de las energías renovables, ha solicitado al BID el desarrollo de la cooperación técnica y será, a través de la Dirección General de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Medio Ambiente, el punto focal en el Gobierno Federal para su ejecución.

Objetivos específicos

• Evaluar el flujo de recursos, la problemática social y los mecanismos existentes en la región del Istmo de Tehuantepec, en relación con la preparación y la operación de los proyectos eólicos
• Proponer políticas públicas a nivel ejidal o comunitario, municipal, estatal y federal
• Proponer un proceso para la implementación de dichas políticas, incluyendo actividades de comunicación, capacitación y planeación participativa, entre otras
• Contribuir al proceso de implementación de las políticas propuestas.
• Tanto la evaluación de la problemática como el diseño de políticas requerirán la participación de múltiples actores:
  • Comuneros o ejidatarios, y sus cónyuges
  • Avecindados (miembros de las comunidades rurales que no son usufructuarios de tierras)
  • Organizaciones no gubernamentales, incluyendo organizaciones de la sociedad civil local y organizaciones nacionales relevantes
  • Empresas desarrolladoras y operadoras de proyectos eólicos
  • Autoridades ejidales y comunales (comisariados)
  • Autoridades municipales
  • Gobierno estatal
  • Instituciones del Gobierno Federal

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Con información del Banco Interamericano de Desarrollo.