A la CFE le urgen ingresos
Esta mañana en rueda de prensa, Manuel Bartlett, director general de la CFE, afirmó que la empresa no quiere comprar electricidad sino generarla y que la Comisión está a favor de que se multipliquen las energías limpias; calificó como aberración la imposición de comprar energía a competidores y como lastre las bajas tarifas que se han fijado para transmisión y distribución.
“Bajo este sistema lo que en realidad sucede es que se subsidia a la competencia”, afirmó el funcionario. Al respecto, José Martín Mendoza Hernández, director general de CFE Suministrador de Servicios Básicos, señaló que se trabajó con la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que la tarifa doméstica, que integra al 89 por ciento de los clientes de la CFE, no incremente en términos reales.
Por su parte, José Antonio Rojas Nieto, director corporativo de Finanzas, señaló que para este año se tendrán ingresos por 400 mil millones y egresos por 530 mil millones, con un diferencial de 130 mil millones que se originan por los subsidios en las tarifas domésticas, agrícolas y comerciales.
Advirtió que, para alcanzar un equilibrio financiero, la CFE debe incrementar los ingresos a partir de la revisión de las medidas que causan daño patrimonial.
“El problema principal es el saqueo que efectúan los grandes consumidores y no los comerciantes pequeños o quienes se cuelgan de los postes, se tiene que verificar que las grandes empresas paguen correctamente su consumo de electricidad», afirmó Bartlett Díaz.
En dicha rueda de prensa se habló también de la licitación de la fibra óptica de CFE, señalando que es atractiva para las empresas y del extinto Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), ahora empresa privada, y se enfatizó que se investiga cómo se realizaron las donaciones de predios de dicha asociación.
Al respecto de los contratos considerados como “leoninos”, Miguel Santiago Reyes Hernández, director general de CFE Energía y CFE Internacional, manifestó que se busca el procedimiento legal e institucional adecuado para hacerlos públicos ya que se han recibido diversas solicitudes a través del sistema de transparencia, pero la administración anterior los reservó hasta por 25 años.
