Hoy en día el Poder Ejecutivo asume las transformaciones y coyunturas en su sexenio y le imprime a sus políticas públicas el sello que le distingue y marca el presente y futuro del sector. Como ejemplo, el giro que tomó la Reforma Constitucional del sector energético a través del Pacto por México, donde el consenso de los tres partidos mayoritarios logró las modificaciones a los artículos constitucionales 25°, 27° y 28°, dando las bases para las reformas de las leyes secundarias que permitieron la apertura de la inversión en el sector energético, reservando sólo como actividades estratégicas las funciones de operación, despacho de mercado eléctrico y las derivadas al control, operación y atención de la interconexión y conexión de centrales eléctricas y centros de carga, así como la Red Eléctrica Nacional con una clara liberación a la inversión nacional y extranjera de la iniciativa privada en el arranque del actual Gobierno, el cual se ha caracterizado por el rescate y fortalecimiento de Pemex y la CFE, como políticas de retorno a los años dorados del monopolio. Existen dos criterios que pueden explicar la actual coyuntura.
La primera: la apertura legal a la inversión privada o mixta, en donde el mercado eléctrico mayorista se concentrará en los altos consumidores, por lo tanto los servicios básicos serán atendidos por la CFE para clientes con tarifa regulada, y donde se formalizaron las subastas eléctricas para alcanzar a cubrir la demanda del mercado.
La segunda: con dicha política se dejaron en el abandono los proyectos de infraestructura, se dejaron de utilizar plantas de generación y no se modernizaron las plantas hidroeléctricas (62 unidades en total), la aparición de las empresas productivas del estado subsidiarias y filiales (CFE y Pemex) para competir en el mercado con pasivos contingentes altos y sin presupuestos para operar con eficiencia y eficacia, sin poder adquirir los equipos y materiales hasta agotar existencias, cuyo propósito es presentar números negros y tener su calificación de deuda sostenible con niveles aceptables.
Queda claro que el actual régimen no está impulsando una nueva reforma en el sector energético, pero anticipó un cambio en la política del gobierno, con el compromiso del rescate de las empresas, ícono del sector, por lo que se anticipa que en este sexenio se podrán inyectar recursos adicionales y de apoyo a la CFE y Pemex para detonar la inversión pública y privada.
Ante este escenario, los generadores independientes anuncian su primera subasta sin la CFE, a la cual celebramos y reconocemos que el espíritu de participación está orientado al mercado eléctrico mayorista y no al mercado básico (compra del total de capacidad de generación a privados para servicio básico).
En conclusión, se aprecia que en 2021, 22 y 23 se impulsará la inversión, entre lo público y lo privado, con nuevos proyectos de infraestructura, 14 plantas de generación, cinco de gobierno y ocho de privados, 16 parques fotovoltaicos y solares, explorando los temas en transmisión y distribución con proyectos de repotenciación, obras de refuerzo y proyectos nuevos, una tendencia a revertir la capacidad de fuentes de trabajo y la realización de obra electromecánica como EPC´s y paquetes llave en mano o, en su defecto, como subcontratistas. Se vislumbran mejores tiempos. Se parte del principio de que la energía eléctrica, como detonante e impulsor del crecimiento y desarrollo de un país, se asemeja al alimento del ser humano, y en ese tenor si el hombre deja de alimentarse, qué pasaría. Sólo basta una hora sin energía eléctrica para ver el impacto en nuestro país.
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Héctor Sánchez García
Egresado del Centro de Investigaciones de la FCP y RI de la UANL, coordinador del Sector Salud del Gobierno Federal, catedrático de la Facultad de Administración y Contaduría Pública. Actualmente accionista y director del Grupo SEPSA formado por 4 empresas del sector eléctrico a nivel internacional.
