Lejos de ofrecer estabilidad al sector energético de México, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y la nueva administración que encabeza, lo hunden en la incertidumbre, al grado de que la calificadora Moody’s lo catalogó como una industria con un incremento de riesgos
Por Elva Mendoza
Revertir la Reforma Energética, reducir o congelar los precios de los combustibles, construir nuevas refinerías y la probable suspensión de las licitaciones petroleras son algunos de los focos rojos que enfrentará el sector energético durante el próximo sexenio, afirma Miriam Grunstein Dickter, abogada petrolera e investigadora del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE).
De acuerdo con la analista apenas se lanzaron algunas propuestas y el panorama para el sector es incierto, debido a que las señales son confusas. “El presidente electo dice muy poco y sus asesores mucho. Estamos en un buque sin timón. Es muy difícil hacer un diagnóstico claro de la postura del nuevo gobierno”, afirma Grunstein en entrevista con Constructor Eléctrico.
Dado el clima de incertidumbre, añade la académica, el sector podría estar en riesgo. “Puede ser que se desestabilice, se sacudan cosas que están funcionando bien, lo cual sería desastroso porque nos podríamos enfrentar a un Estado que no puede sustituir la iniciativa privada, y eso puede causarnos una crisis energética tremenda. Cualquier decisión que se tome debe ser pensando en el bienestar de la población y no siguiendo agendas políticas desquiciadas”, comenta la especialista en temas de energía.
Cambio de política
Durante su campaña, Andrés Manuel López Obrador propuso reducir la demanda y dependencia energética que tiene México con Estados Unidos, pues actualmente se importa más de la mitad de los combustibles.
Asimismo, se pronunció a favor de detener el proceso de rondas y revisar los contratos petroleros que ya fueron asignados; reducir o detener las exportaciones de petróleo crudo; y por la construcción de dos refinerías adicionales a las seis que ya existen en el país, cuyo costo se estima entre 6 y 8 mil millones de dólares.
También ofreció congelar los precios de la gasolina durante tres años, e, incluso, llegar a subsidiar los combustibles en caso de que el precio internacional suba considerablemente.
Luego de conocerse los resultados de la elección, la calificadora Moody’s advirtió en un reporte publicado en julio que el triunfo de López Obrador incrementa los riesgos para el sector energético del país.
“La victoria aumenta el riesgo en la industria del petróleo y el gas de México. Los planes del presidente electo incluyen la posible reducción o congelamiento de los precios de los combustibles, la creación de nuevas refinerías y la revisión de los contratos existentes de exploración y producción entre la empresa petrolera nacional Petróleos Mexicanos (Pemex) y compañías privadas”, dio a conocer a Moody’s.
Según el despacho, estas medidas perjudicarían a Pemex y a la industria local de gas y petróleo en el corto y largo plazo: “La aplicación de controles de precios a los combustibles, por ejemplo, generaría pérdidas para las operaciones de refinería y marketing de Pemex, especialmente, si aumentan los precios internacionales del crudo, o si el peso se debilita frente al dólar estadounidense”, detalló en el comunicado.
Grunstein Dickter coincide con esta perspectiva. Para la académica del CIDE, sacar a México de los precios internacionales sería una decisión equivocada: “Desquiciaría a las empresas que participan en los mercados internacionales, ya que tienen una integración de proyectos y porque para fijar el precio mexicano se guían por el sistema internacional”.
Para la investigadora, un control de precios va a ser un gran desincentivo para surtir gasolina en territorio nacional. “Meter una dominancia estatal en refinación es incongruente con la formación de un mercado eficiente y competitivo. Se supone que la refinación iba a ser de Pemex y de los particulares, pero por alguna razón los particulares no quieren entrar. Esto debería de ser una señal para el sector público de que esto es delicado, poco rentable y que, por lo tanto, ya no da los frutos esperados. Y esto para el gasto público, para la austeridad republicana, puede ser un desastre”.
“El presidente electo dice muy poco y sus asesores mucho. Estamos en un buque sin timón. Es muy difícil hacer un diagnóstico claro de la postura del nuevo gobierno”.
Miriam Grunstein Dickter, académica y experta en temas de energía.
Revisión de contratos
Tal como lo refiere Moody’s, Andrés Manuel manifestó en reiteradas ocasiones su intención de revisar los contratos petroleros. Hasta ahora, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) firmó 107 contratos con petroleras privadas y tres en asociaciones de Pemex con otras empresas.
En la Reforma Energética, se estableció que la CNH es la única facultada para rescindir contratos petroleros, y el artículo 20 de la Ley de Hidrocarburos indica las razones que conllevan la rescisión.
Para Grunstein, la revisión de los contratos de Pemex con privados es inaplazable, pero la medida debe tomarse muy seriamente porque, señala, “podría implicar incluso la legitimidad jurídica y política de la campaña del presidente ahora en el poder, Enrique Peña Nieto, por la participación de Odebrecht y la colusión con Emilio Lozoya”.
Agrega que el precio político y el escándalo podrían ser sustanciales. “Según veo hay una conducta sospechosamente armoniosa. Si se revisan los contratos de Pemex la armonía tendrá que terminar porque yo creo que en este y en los sexenios pasados hubo muchísima corrupción. Todo el sistema ha estado enfermo. Podrían salir salpicados prácticamente todos”.
A contracorriente de algunas voces, Grunstein considera que la recisión de contratos no tendría por qué ser costosa para el Estado. “De comprobarse que los contratos nacieron de la corrupción, y que hay condiciones inaceptables, es justificada y, en ese caso, el pago de daños y perjuicios sería a favor del Estado. Lo que puede salir carísimo es la defensa. Las empresas no van a aceptar parsimoniosamente que les rescindan los contratos”.
Aplazan rondas
A la fecha hay nueve licitaciones petroleras, aunque para este año se agendaban dos más, la Ronda 3.2 de campos terrestres y la 3.3 de áreas terrestres no convencionales o shale; los procesos de la subasta encaminada a buscar socios para Pemex se decidió aplazar hasta 2019, a petición de la Secretaría de Energía, informó la CNH.
Las subastas de las rondas que estaban programadas para efectuarse en septiembre incluían 37 bloques en tierra, en las zonas de Burgos, Tampico-Misantla-Veracruz y Cuencas del Sureste, y nueve bloques de convencionales y no convencionales en el estado de Tamaulipas. Mientras que para octubre estaba contemplada una licitación para definir a los socios de Pemex en la explotación de siete áreas en tierra que se ubican entre los estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas.
“Iremos en acompañamiento con el nuevo gobierno con las precisiones que quiera hacer la nueva administración al contenido del contrato”, dijo Juan Carlos Zepeda, presidente de la CNH, en la 41 sesión extraordinaria del órgano de gobierno del regulador.
“Yo lo veo positivo, porque recordemos que estamos por entrar en un proceso de revisión de contratos con la nueva administración. La CNH está a la espera de poder iniciarlo y llevará algunas semanas o meses. No es sólo revisar el proceso de las licitaciones que hemos llevado a cabo con mucha transparencia, sino también lo que se ha manifestado públicamente es el deseo del equipo de transición de revisar el contenido de los contratos”, apuntó el presidente de la CNH.
En opinión de Miriam Grunstein Dickter, las licitaciones de exploración y producción funcionan bien hasta ahora, y aunque no se produce petróleo en abundancia, los contratos se han adjudicado, las empresas han tenido confianza en el país y han cumplido. “El incipiente mercado de gasolinas está formándose. No tenemos un mercado eficiente ni competitivo y los precios lo demuestran, pero por lo menos existe el potencial, lo que estamos pagando caro es derivado de las ineficiencias de muchos años, no de este gobierno ni del pasado. Hay que dejar que esto madure”.
En materia de gas, la investigadora señala que es necesario fortalecer la creación de infraestructura de almacenamiento, para que el suministro sea más competitivo y eficiente. En cuanto a la electricidad, considera que debe estimularse la generación privada y permitirse que los industriales puedan elegir a su generador con mayor libertad, además de que “Hacienda deje de meter las manos en la fijación de las tarifas porque causa muchas distorsiones y las dependencias encargadas del tema no han podido con la carga de las tarifas eléctricas, este modelo debe ser replanteado”.
Por el contrario, Grunstein es partidaria de la Reforma Energética y está a favor de las opciones que ofrecen los particulares siempre y cuando sean capaces de generar mayor eficiencia. “La participación privada no es un fin en sí mismo, es un medio. Hay que intervenir hasta donde sea posible y dejar que el mercado funcione. No creo que esto lo sepa hacer la nueva administración. Nunca lo ha hecho ningún gobierno de México, han sido excesivos, fallidamente intervencionistas. En otras industrias hemos podido llegar a una buena solución en cuanto al balance entre el Estado y el mercado, pero en energía no porque es un sector que ha sufrido mucha intervención estatal y nunca ha vivido fuera de ésta, más por intereses políticos y recaudatorios, no por el desarrollo de una industria eficiente”.
Grunstein sostiene que el próximo gobierno debe tomar en cuenta la seguridad energética, debido a que ésta es prioritaria y no necesariamente producto de la autosuficiencia. “La seguridad energética también puede provenir de la integración e intercambio comercial eficiente con otros actores y países”.
“Consideramos que, de disminuir la corrupción y los moches en la ejecución de obra, será posible ordenar el mercado e incrementar la posibilidad de hacer negocios sanos y rentables con el gobierno, así como detonar la inversión privada al mismo tiempo”.
Roberto Figueroa, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas del Ramo de Instalaciones para la Construcción.
Impacto en la industria electromecánica
En relación al sector electromecánico y de la construcción, Arturo Romero Joachin, presidente de la Federación de Colegios de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Electrónicos de México, dijo a Constructor Eléctrico que esperan un impacto positivo con la llegada del nuevo gobierno, con mayor demanda de productos; apertura a la participación de ingenieros y empresas mexicanas en los proyectos de gran envergadura, y el aumento de la obra pública, derivado de un escenario de mayor transparencia en los mecanismos de adjudicación de contratos.
Por su parte, Roberto Figueroa, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas del Ramo de Instalaciones para la Construcción (AMERIC), asegura que más allá del nerviosismo que genera la transición, se prevén áreas de oportunidad. “Consideramos que, de disminuir la corrupción y los moches en la ejecución de obra, será posible ordenar el mercado e incrementar la posibilidad de hacer negocios sanos y rentables con el gobierno, así como detonar la inversión privada al mismo tiempo”.
Para ello, es imperativo respetar las decisiones y movimientos que surgieron a raíz de la Reforma Energética, debido a que están generando nuevos nichos de mercado, áreas de oportunidad y, sobre todo, la apertura a la iniciativa privada para obras de generación, transmisión y distribución de empresas mexicanas. Aunado a esto, el próximo gobierno tendrá la tarea de manejar la Ley de Adquisiciones. “Se deberá mantener y supervisar de manera correcta porque ya existe, pero las herramientas no se aplican adecuadamente. Estamos dispuestos a trabajar con el gobierno”, concluye el presidente de la AMERIC.
