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Latinoamérica: privatización contra nacionalización

La privatización de las empresas paraestatales ha sido siempre una política pública polémica. Constantemente se discute, en ámbitos académicos, de análisis político y en la sociedad en general, la pertinencia de que empresas privadas, la mayoría extranjeras, controlen los recursos energéticos y servicios de otro país.

Por  Dariela Romero.

El 1  de mayo de 2012, Evo Morales anunció a la Red Energética Española (REE) que retomaría el control de su filial en el país andino, Transportadora de Electricidad (TDE). Con este anuncio, Bolivia se apropia del control total del recurso energético, puesto que ya en diciembre de 2011 había nacionalizado otras cuatro filiales eléctricas más, de la también española Iberdrola: Electricidad de La Paz (Electropaz), Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Oruro (ELFEO), Empresa de Servicios Eléctricos (Edeser) y Compañía Administradora de Empresas Bolivia (Cadeb).

No es el único país que en los últimos 15 años ha tomado este tipo de medidas. El otro caso paradigmático es Venezuela, que ha nacionalizado empresas cementeras, petroleras, bancos,  telecomunicaciones, frigoríficas y hasta plantas lecheras.

Nacimiento de las paraestatales
La historia del control de los recursos energéticos en Latinoamérica comienza después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las naciones que tradicionalmente proveían de toda clase de productos manufacturados a los países “de tercer mundo” redirigieron sus economías hacia la industria armamentista, además debían pagar los gastos –políticos, sociales y económicos– de la guerra. Aunado a esto, la Gran Depresión de 1929 obligó al mundo entero a replantear sus políticas económicas para salir del pantano en el que se sumergían.

AMÉRICA LATINA: MONTOS TOTALES DE FUSIONES Y ADQUISICIONES TRANSFRONTERIZAS EN EL SECTOR ELÉCTRICO, 1992-2011 (En millones de dólares)Fuente: Comisión Económica para América Latina y El Caribe, sobre la base de datos proporcionados por Thomson ONE.

Entonces, comenzó en Latinoamérica la famosa época de la industrialización por sustitución de importaciones. Esto originó el nacimiento de muchas empresas paraestatales, pues si antes los países en desarrollo eran los principales exportadores de materia prima, ahora se veían en la necesidad de producir lo que se manufacturaba en las llamadas metrópolis y que les llegaba a través de las importaciones.

Con el surgimiento de estas empresas, comenzó a ser necesario que el Estado se hiciera cargo de la distribución de los recursos y, sobre todo, de su generación, pues así inyectarían esos ingresos al proyecto de industrialización al que estas naciones se vieron obligadas a llevar a cabo.

México, que siempre ha tenido una historia a contracorriente en relación con el resto de la zona latinoamericana, aprovechó la coyuntura, y en 1938 Lázaro Cárdenas expropió las 17 empresas petroleras en manos inglesas, neerlandesas y estadunidenses; en la misma década, Chile creó la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa).

Privatización
El auge de la privatización se dio en las últimas dos décadas del siglo XX, cuando aparecieron en el panorama las políticas (y políticos) que privilegiaban la apertura del mercado y tratados como el de libre comercio en Norteamérica. Durante esos años, países como México, Argentina y Chile abrieron el sector eléctrico a la competencia y a la inversión extranjera, con el argumento de que muchas de las paraestatales obtenían bajas utilidades.

Durante los casi 30 años que habían funcionado, las empresas nacionales habían probado su ineficiencia, de acuerdo con el abogado internacional Felipe Toro Echeverri.

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA * (En porcentajes del PIB)Fuente: Patricio Hozas, “América Latina: Problemas y desafíos de financiamiento de la infraestructura”, Revista Cepal, Nº 101 (LC/G.2455-P), Santiago de Chile, agosto de 2010.

*Los datos corresponden a la media de Argentina, Bolivia, el Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

Según Pedro Maldonado y Rodrigo Palma, en su informe para la Cepal sobre calidad de abastecimiento de la industria eléctrica, la privatización del sector, en la década de 1990, estuvo acompañada de reformas regulatorias impulsadas por el Estado, cuyos principales rasgos fueron:

  • Los segmentos de la cadena se dividieron en generación, transmisión y distribución de los recursos, de modo que se desarticularon las corporaciones paraestatales
  • En el segmento de generación, la competencia está sujeta a un despacho centralizado
  • Los segmentos de transmisión y distribución fueron concesionados a privados. En la mayoría de los casos se trata de empresas multinacionales, en especial europeas
  • Se abrió el acceso a las líneas de transmisión eléctrica, sin discriminación
  • Se acordó que las distribuidoras se encargarían de abastecer de energía el área en la que se localizara su concesión
  • El sistema de precios para la generación y transmisión de energía debería estar basado en los costos marginales

De acuerdo con el informe de la Cepal, La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe (junio 2011), el proceso privatizador dividió el sector eléctrico de Latinoamérica entre empresas estatales y empresas privadas, la mayoría transnacionales, “por las adquisiciones que tuvieron lugar entre 1996 y 2001”.

Los países que en últimos años han tenido una mayor apertura a la inversión privada son Chile, Brasil y Perú. Sin embargo, no hay una homogeneidad en la forma en que se ha privatizado el sector.

En el mismo informe se dice que lo más común en el proceso privatizador de América Latina fue la adquisición de activos ya existentes por parte de empresas extranjeras, por lo que la inversión total en el sector eléctrico sufrió un descenso.

Nacionalización
La nacionalización o expropiación de empresas está, por lo general, relacionado en el imaginario común con políticas económicas socialistas o de izquierda. No es de sorprender porque los casos más conocidos han sucedido en países de tal filiación política, como sucedió el año pasado con el gobierno de Evo Morales, en Bolivia y la TDE.

Si a finales del siglo XX se impulsó la privatización de los recursos energéticos, durante la segunda década del siglo XXI se llevaron a cabo grandes nacionalizaciones en algunos países de América Latina. Tal vez los casos más importantes y llamativos son de Venezuela y Bolivia. Ambos gobiernos aducen sus decisiones a que, puesto que los recursos de una nación deben pertenecer a sus ciudadanos, el Estado  debe administrarlos para que los excedentes que producen puedan reinvertirse en programas sociales.

Por otro lado, que las empresas eléctricas estén encargadas de la transmisión y distribución de la electricidad permite que la luz llegue a los lugares más remotos, aquellos que las empresas privadas o transnacionales no están interesadas en electrificar.

Sin embargo, especialistas de la Cepal señalan que el problema más significativo de la nacionalización de las empresas radica en que a veces se reduce, en demasía, la inversión extranjera en áreas ajenas a la industria expropiada.
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