ColumnaHistórico de la revistaOpinión

Impacto de la inestabilidad nacional en el sector eléctrico

Por Héctor Sánchez García

Crecimiento del 4 por ciento en la economía nacional, apertura a la inversión privada en el sector energético, mejores empleos, baja de tarifas eléctricas, menor precio en gasolinas y bienestar en las familias mexicanas, con mayores ingresos per cápita a mediano y largo plazos, son las expectativas de la Reforma Energética, los cuales se ven en riesgo por el actual panorama sombrío y poco alentador provocado por diversas situaciones imprevistas.

Entre otras razones, la devaluación del peso mexicano o apreciación del dólar norteamericano; el círculo vicioso de petróleo barato y gasolina con precio alto (México: oferta-demanda invertida); el riesgo de inversión extranjera diferida por el presente entorno energético; la dependencia del ingreso petrolero para financiar un tercio del presupuesto para el gasto público y social de México.

Esto es, en definitiva, un marco negativo para los intentos del Gobierno Federal de revitalizar una economía lenta y un crecimiento menor al que requiere nuestro país.

La Reforma Energética, de la cual se esperan inversiones superiores a los 50 mil millones de dólares para 2018, es a lo que apostó el ejecutivo federal para modernizar al sistema petrolero y de energía eléctrica mexicanos; tras un crecimiento este año de sólo poco más de 2 por ciento, el fracaso en esta circunstancia no es una opción.

Se ha asegurado que la gubernatura petrolera a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público garantizará la estabilización en el precio del petróleo para 2015. Pero no se pueden garantizar las inversiones directas sobre este rubro ni que disminuirán las afectaciones por la inseguridad y el desafortunado manejo del caso de los 43 estudiantes desaparecidos, o el conflicto de intereses en la licitación del tren rápido México-Querétaro-México, o los actos de corrupción de las altas esferas…

Los mexicanos estamos en un escenario en el que postergar los beneficios de la reforma dependerá no sólo de las variables internas de México, sino del entorno exterior y de los repuntes de precio del petróleo y la estabilización de la paridad del dólar estadunidense y el peso mexicano.

Por estas razones y otras que hemos comentado en el pasado sobre la privatización de los recursos petroleros (la cual se deriva de la apertura a la participación del capital de empresas privadas que compartirán las ganancias; aun cuando se declare que el gas y los hidrocarburos son y serán de la nación, este simple hecho permitirá formular contratos y licencias para dividir la utilidad “de pacto”, es decir, privatizar el recurso), debemos estar conscientes de que requerimos empresas fortalecidas y mixtas (pública-privada), que inyecten recursos, que modernicen la infraestructura y disminuyan los costos. Pero será necesario que la nuevas empresas paguen impuestos y no simulen hacerlo, así como incrementar la eficiencia y disminuir la corrupción. Si estas condiciones prevalecen como intereses privilegiados, el proyecto del actual Gobierno tendría sentido y razón de valor para todos los Mexicanos; de lo contrario, la defensa del artículo 27 constitucional es, hoy por hoy, la defensa de la soberanía nacional.
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Héctor Sánchez García
Egresado del Centro de Investigaciones de la FCPAP de la UANL. Coordinador del Sector Salud del Gobierno Federal. Catedrático de la Facultad de Administración y Contaduría Pública. Es accionista y director General de SEPSA, empresa que ha generado expansión a cuatro empresas a nivel internacional.

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