La Ley de Transición Energética, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2015 mediante decreto presidencial, representa una de las mayores oportunidades de desarrollo integral para México.
Se puede decir que esta Ley es consecuencia del formidable proceso de reforma integral del país, en la que el sector de la energía tiene un papel estelar. En lo político, también es legítimo reconocer que esta Ley es producto de las muy relevantes negociaciones entre grupos de interés para facilitar el tránsito de México hacia un nuevo nivel de acuerdo social. Además, es evidente que resulta de la necesidad de alinear el futuro mexicano con las innegables realidades de la tecnología y la economía del mundo, cada vez más comunicado e integrado.
México entra en una nueva y excitante dinámica. No se puede dudar que merecemos una circunstancia económica y social más robusta y pareja para todos, y ésta se asegura mediante el crecimiento imparable de la tecnología de las comunicaciones. Todos tenemos acceso instantáneo a las principales noticias del mundo, ¿cómo, entonces, podríamos no ser actores relevantes en la construcción de nuestro propio futuro?
Esta pregunta puede ser de importancia retórica para la gente mayor que ocupa puestos de importancia, pero es un claro y estridente grito de guerra para los jóvenes, que por todos lados afirman su voluntad de participar en la vida nacional.
Una de las principales facetas de la nueva dimensión política y económica es su relevancia moral. No sólo importa el valor moral de la pertinencia social en la toma de decisiones del futuro de México, sino la creciente percepción del derecho humano a un ambiente en paz y en equilibrio. El deterioro ambiental, en buena parte resultado de una agresiva política energética claramente no sustentable, es intolerable: atenta contra la calidad del ambiente de acuerdo con casi cualquier evaluación seria.
Es evidente que la apreciación popular del tema, en el plano global, se inclina por cambiar radicalmente el impacto ambiental de las actividades humanas. Algunos estudios dan fuerza a la idea de que todo el dióxido de carbono que cambiaría radicalmente el ambiente terrestre ya está en el planeta, y que las desapariciones masivas de especies vegetales y animales ocurrirán casi irremediablemente en las próximas décadas. Una cantidad obscena de mamíferos ya se ha extinguido.
La mayoría de los habitantes del planeta considera que estas circunstancias son intolerables, y empuja inexorablemente su repudio al campo de la ética. Se puede intuir que en próximos años el derecho a un ambiente sustentable alcance los más altos niveles de los derechos humanos, al lado de los derechos a la vida, a la educación y al bienestar.
Es, por tanto, pertinente explorar las oportunidades que el tema abre a una nueva economía, que esté orientada a deshacer los instrumentos de deterioro ambiental y a construir nuevas tecnologías de desarrollo con una nueva meta de sustentabilidad. No se trata sólo de ahorrar energía, aunque ayuda; se trata de sujetar las acciones humanas a un plan de recuperación ambiental.
Seguramente lo que haga un país como México impactará, en las próximas décadas, muy poco en la restitución ambiental global; sin embargo, lo que México haga pronto y bien, claramente orientado a esa meta global, puede abrir nuevas rutas de desarrollo, nuevas metas de política pública y, sin duda, nuevos negocios globales.
Muchos analistas dudan de que el país pueda ocupar un lugar relevante en la nueva economía del cambio global. Quizás el reto debe ser formular las preguntas apropiadas. Una de ellas: ¿qué pueden hacer los mexicanos para sacar provecho de la nueva economía del cambio global? En el proceso de satisfacer esta cuestión, aparecen oportunidades de mercado en la economía global. Sin duda, se pueden hacer obras de infraestructura cabalmente sustentables en México, donde el clima permite desarrollos urbanos menos intensivos en energía que en climas más extremos, como es el caso de Europa del Norte o Asia Meridional y África Subsahariana. Si el país decide abordar el tema en serio, tal vez pueda emprender una estrategia de innovación continua, que eventualmente permita ofrecer prácticas de desarrollo urbano sustentables en climas extremos. Sería pertinente preparar a los mexicanos en estas artes para introducir dichas innovaciones en el planeta, con el consecuente beneficio económico.
La sola mención de estas oportunidades para los centros de investigación mexicanos, en consorcio con empresas globales, habría sido impensable, probablemente ilegal, apenas hace una década. Ahora, lo impensable es solicitar apoyos económicos de recursos públicos sin recurrir a estos argumentos. Hace pocos años, los apoyos a la investigación básica y a la investigación aplicada, o a la innovación, residían en organismos estatales diferentes y, a veces, antagónicos. En la actualidad, es clara la conveniencia de generar sinergias entre investigadores, innovadores y empresarios para concebir proyectos de investigación y desarrollo relevantes a la economía nacional.
Los ejemplos de consorcios grandes, como los Centros Mexicanos para la Innovación en Energía (Cemie), aunque con importantes oportunidades de mejora, son poderosos indicadores de una nueva tendencia de la rectoría del Estado en el tema de fomento de una economía basada en el conocimiento.
Con las anteriores consideraciones, puede pensarse que México ha encontrado un derrotero claro para emplear sus mejores esfuerzos y propiciar el desarrollo económico con base en el conocimiento. Desde los puntos de vista jurídico y de política pública, puede afirmarse lo anterior con tranquilidad.
Con el paso de los años, además, se acumulan experiencias que dan validez al concepto. Las experiencias medidas y documentadas de empresas mexicanas con bases tecnológicas, que crecen año tras año en capacidad, cantidad y relevancia global, acusan que la política actual se encamina en la dirección adecuada.
Seguramente las próximas experiencias debieran permitir que el propio mercado ajuste y oriente los nuevos esfuerzos en esta dirección, como ocurre en países más adelantados, y la intervención del Estado será menos necesaria y menos bienvenida en ese futuro deseado.
Por lo pronto, la participación del Estado en el fomento de esa nueva economía y de esa nueva relación con la tecnología parece indispensable y, sin duda, es bienvenida, en tanto se consolida la capacidad mexicana para intervenir en el desarrollo de una economía global hacia la sustentabilidad. Así, la emergencia de la Ley de Transición Energética es, sin duda, bienvenida.
José Luis Fernández Zayas es ingeniero mecánico electricista por la UNAM. PhD en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Bristol, Inglaterra. Se ha desempeñado como ingeniero industrial en la industria eléctrica mexicana y como profesor de Ingeniería, principalmente en la UNAM. Es profesor e investigador titular de tiempo completo en el Instituto de Ingeniería (II) de la UNAM desde 1975, con licencia para ocupar el cargo de director Ejecutivo del IIE, desde 2013, organismo que dirigió de 1991 a 1999. Fue miembro de la Junta Directiva de la UAM y de la UABCS. Ha presidido diversas organizaciones gremiales y académicas, como la ANES, la AI, la ADIA y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Fue director General de Desarrollo Tecnológico y Medio Ambiente en la Sener y del Estudio Mundial del Agua para Energía, del Consejo Mundial de Energía. Ha publicado más de 120 artículos y libros especializados, y ha dirigido más de 100 tesis de licenciatura y posgrado. Ha hecho contribuciones en el tema de destilación solar directa de agua de mar para consumo humano, confort térmico, uso eficiente del agua y la energía, y diseños pasivos. Fue director del II de la UNAM.
