Por Héctor Sánchez García
En ocasiones anteriores hemos manifestado optimismo y confianza en las reformas estructurales como impulsoras del fortalecimiento de la economía mexicana. Hemos considerado a las reformas Fiscal y Financiera, de Telecomunicaciones y Energética como detonantes de inversiones directas y de la recaudación tributaria, mejorando así las finanzas públicas.
Sin embargo, el escenario a corto y mediano plazo se está complicando. Al débil gasto público y la poca inversión de gobierno, se están sumando otros problemas: la exacerbación de la violencia y la inseguridad pública, factores que se conjugan con el tipo de cambio, los precios bajos de los hidrocarburos y la lenta recuperación de la confianza. Todos ellos inciden en el sector de la construcción eléctrica.
En las economías latinoamericanas me permito hablar de dos factores importantes: industria y desarrollo económico. A éste último se le puede comprender, de manera general, como la capacidad de los países de producir riqueza, a fin de que puedan sostener y aumentar el bienestar de sus habitantes. A escala mundial, México se ubica entre las primeras 20 economías y cuenta con una gran variedad de recursos naturales que deben ser trabajados de forma adecuada.
A pesar de ello, algunos especialistas indican que, con excepción de los sectores automotriz y minero, el pronóstico de crecimiento será menor al cierre de este año y ascenderá a sólo 2.3 por ciento, no al 2.7 por ciento que estima el Gobierno Federal. Si bien no es un porcentaje negativo, es insuficiente para un país con expectativas de un futuro más alentador que beneficie a empresarios y mexicanos con una mejor y más fuerte economía y calidad de vida.
Ante dicho escenario, se requiere la implementación de una política industrial clara, ya que el efecto de las exportaciones continúa sustentándose de manera preponderante en la industria petrolera y sus derivados. Si a esto se le suma la falta de dinamismo tecnológico en el sector manufacturero nacional, se genera un estancamiento crónico que implica la no creación de los empleos que se requieren cada año.
Si se quiere un país fortalecido en su economía y con crecimiento sostenido por arriba del 3 por ciento anual, habrá que modificar las acciones de políticas públicas y establecer un rumbo que privilegie la política industrial estratégica, de manera que a mediano y largo plazos se impulse a la inversión privada como motor del crecimiento económico. El modelo neoliberal del mercado y la inversión de capital extranjero han sido incapaces de impulsar el desarrollo económico nacional y el bienestar de la población.
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Héctor Sánchez García
Egresado del Centro de Investigaciones de la FCPAP de la UANL. Coordinador del Sector Salud del Gobierno Federal. Catedrático de la Facultad de Administración y Contaduría Pública. Es accionista y director General de SEPSA, empresa que ha generado expansión a cuatro empresas a nivel internacional.
