Compromiso con la vida; El acuerdo de París y la COP22

Ante la realidad innegable del calentamiento global a finales del año pasado, 195 países firmaron el primer acuerdo internacional sobre cambio climático, cuyo punto neurálgico consiste en evitar que la temperatura de la tierra aumente más de 2 °C. Así, el 2017 recibe a los mexicanos con el desafío de elaborar un plan de desarrollo que ayude al país a cumplir su compromiso con la vida futura del planeta

Por Gabriela Espejo

El 4 de noviembre pasado entró en vigor el Acuerdo de París, que se negoció durante la Conferencia de las Partes (COP21) el 12 de diciembre del 2015, y que constituye el primer acuerdo sobre el clima de carácter internacional y legalmente vinculante de la historia. Su principal objetivo es que el aumento de la temperatura global no rebase los 2 grados centígrados en 2050, con respecto a la época preindustrial, y con miras a reducir la cifra a 1.5. Para lograrlo, cada país ratificó el documento según su legislación y deberá comunicar cada cinco años sus aportaciones para reducir las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero (GEI). Aprobado por 195 países, su entrada en vigor implica que al menos 55 de ellos, cuyas emisiones representan el 55 por ciento de las existentes en el mundo, ya lo han ratificado.

México suscribió este acuerdo y está comprometido a emprender la tarea de desarrollar una economía baja en emisiones. El plan de trabajo que conducirá al país hacia esta meta se presentó en la COP22, llevada a cabo en Marrakech, del 7 al 18 de noviembre del 2016. Ahí, Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y Amparo Martínez Arroyo, directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, presentaron la Estrategia Nacional de Cambio Climático, en la que México se compromete, de manera no condicionada, a disminuir hasta en un 25 por ciento la emisión de GEI y Contaminantes Climáticos de Vida Corta en 2030. Lo anterior se traducirá en una reducción de 22 y 51 por ciento en GEI y carbono negro para ese mismo año, respectivamente. La estrategia expone un plan a largo plazo que reduzca hacia mediados de este siglo, 50 por ciento de emisiones de GEI, en relación al 2000. Un último compromiso, consiste en alcanzar para la misma fecha una tasa de cero deforestación, sobre todo en lo que concierne a las áreas naturales protegidas y los corredores biológicos.

Consecuencias del cambio climático
Durante la primera década de este siglo se documentó un incremento importante de GEI en la tierra, vinculado a actividades como la quema de combustibles fósiles y el cambio de uso de suelo. Según los Compromisos de mitigación y adaptación ante el cambio climático periodo 2020-2030, México ocupó en 2016 el lugar 13 en emisiones de dióxido de carbono. Según el reporte Temas estratégicos 36, preparado para el Senado de la República, las consecuencias del este fenómeno podrían reflejarse en las siguientes modificaciones ambientales:

Aumento de temperatura en mares nacionales, como el Mar Caribe, Golfo de México y Océano Pacífico. Esto provocaría un incremento en los niveles del mar y un “aumento en la intensidad de los huracanes”. Asimismo, pondría en riesgo de extinción a un número importante de especies marítimas, muchas de gran relevancia para la pesca.

Cambio en el ritmo de las precipitaciones pluviales que, de continuar, supondría una “reducción del 10 por ciento anual en la disponibilidad del agua”. Esta suerte de desertificación afectaría, sobre todo, a la región norte del país.

Afectación de entre el “53  y 62 por ciento de las comunidades vegetales” del territorio nacional, que estarán expuestas a nuevas condiciones climáticas. Esto desembocaría en la pérdida de bosques de coníferas y algunos bosques tropicales.

Modificaciones en la distribución de especies, lo que podría significar hasta un “40 por ciento en la destrucción de fauna por desequilibrio ecológico”.

Impacto en la distribución de áreas aptas para el cultivo, sobre todo de alimentos como el maíz, lo que afectará la economía del centro y sur de la República.

Objetivos de México en el sector energético
La propuesta de Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional, que México llevó a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), contempla la reducción de emisiones en los sectores de transporte y generación de electricidad.

El documento se realizó en base a la actualización del Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, cuyo objetivo es cumplir los compromisos internacionales de México con la vida del planeta. En él se estipula un conjunto de acciones para el tratamiento de residuos sólidos y aguas residuales, así como para el cambio de uso de suelo.

La mayor apuesta está en el transporte, donde la tendencia del sector indica la emisión de 229 millones de toneladas de dióxido de carbono (MtCO2eq) en 2030. Se propone, por el contrario, que la cifra no aumente más allá de 181 MtCO2eq, lo que representará una disminución de 21 por ciento. El segundo foco de atención está en la generación de electricidad, que proyecta una emisión de 202 MtCO2eq para ese año, cantidad que se busca reducir 31 por ciento, hasta llegar a 139 MtCO2eq. En cuanto a la extracción de petróleo y gas, el compromiso es lograr 14 por ciento menos de emisiones, lo que implicará pasar de 137 MtCO2eq a 118 MtCO2eq.

Una de las medidas implementadas para conseguir estos objetivos es un impuesto al carbono, que entró en vigor el 1 de enero de 2014, y que grava las actividades de enajenación e importación de combustibles fósiles. Y aunque no existe consenso internacional sobre el uso de suelo, parte de la estrategia contempla la restitución de áreas forestales que contribuyan a la reabsorción de CO2.

Equidad, transparencia y obligatoriedad
Las principales críticas al Acuerdo de París se centran en los conceptos de equidad, transparencia y obligatoriedad. Desde los inicios de las negociaciones, parte de la discusión giró en torno a la pertinencia de impulsar una especie de justicia distributiva, la cual consiste en responsabilizar en mayor medida a los países cuyo desarrollo condujo al cambio climático —documentado por diversos científicos y, sobre todo, por el Cuerpo Internacional de Expertos (IPCC, por sus siglas en inglés), instituido en 1988 por la ONU. Sugiere también un mayor apoyo económico a las naciones emergentes para su desarrollo, sin que esto implique más afectaciones al medio ambiente. Para lograr este fin, la distribución entre países desarrollados y en vías de desarrollo debe ser funcional.

La división entre ambos, sin embargo, perdió centralidad y se dio prioridad a que cada país presentara su estrategia para mitigar el fenómeno, sin que ésta estuviera necesariamente vinculada a su responsabilidad con las emisiones efectuadas en el pasado o, incluso, con la meta de los 2 grados centígrados. Según la asociación Climate Action Tracker, únicamente los compromisos realizados por Etiopía, Marruecos, el Reino de Bután, Costa Rica y Gambia, son suficientes para lograr este objetivo. México se ubica en un nivel de compromiso “medio” porque, según esta organización, “no es consistente con el límite de calentamiento inferior a los 2 grados centígrados”.

En consonancia con este tema, los cuestionamientos referentes a la obligatoriedad y transparencia esgrimen que, a pesar de la importancia de los acuerdos de París, aún no es clara la ruta específica para que cada nación logre cumplir sus compromisos, como tampoco los mecanismos de evaluación y exigibilidad de resultados, que se llevarán a cabo, al menos, cada cinco años.

En México, según la ficha sobre Temas estratégicos 36, elaborada por el Instituto Belisario Domínguez, algunos de los criterios incluidos en la planeación nacional para el monitoreo de la reducción de emisiones son:

  • Verificar la existencia de programas de ordenamiento ecológico y desarrollo urbano, cuyos lineamientos integren criterios ambientalmente responsables
  • Estimar la cantidad de población y superficie territorial protegidas contra inundaciones
  • Calcular la cantidad de personas damnificadas anualmente por fenómenos climáticos previsibles
  • Incrementar y verificar la generación de electricidad sustentada en energías renovables y biocombustibles
  • Reducir la tasa de deforestación de bosques y selvas

No obstante, entre los indicadores mencionados, no se incluye ninguno que pueda ayudar a monitorear la cantidad de emisiones de dióxido de carbono. México inicia este 2017 frente al gran desafío de modificar a fondo sus estrategias en materia ambiental, a fin de combatir el cambio climático y comprometerse con la vida futura del planeta.

¿Qué es el “cambio climático”?
Es un fenómeno que impacta prácticamente todas las actividades de la vida humana y la forma en la que ésta se desarrolla. Su constante mención en el discurso político ha conducido a la trivialización del término, pues con frecuencia designa un número tan amplio de fenómenos que su significado pierde profundidad. Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, éste se define como “un cambio en el clima, atribuible directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad climática natural observada durante períodos de tiempo comparables”

Acciones concretas
Según los Compromisos de Mitigación y Adaptación ante el Cambio Climático periodo 2020-2030 las acciones a implementar en México son:

Sector energético:

  • Generación de 35 % de energía limpia para 2024
  • Construcción de plantas termoeléctricas con captura de CO2
  • Sustitución de gases pesados por gas natural
  • Reducción de 25 % en fugas y quema de gas metano

Transporte:

  • Homologar criterios de normatividad ambiental para vehículos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
  • Modernizar parque vehicular y reducir las importaciones de gases

Sector urbano:

  • Impulso a las edificaciones inteligentes
  • Transformación de urbes en ciudades sostenibles
  • Buscar eficiencia energética y niveles bajos de carbono
  • Promover el uso de celdas solares
  • Reutilización del gas metano de rellenos sanitarios
  • Tratamiento de aguas residuales

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