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Seguridad eléctrica, una política continental (Primera parte)

Regular la energía para brindar seguridad al usuario final ha sido una tarea incansable a escala internacional. Argentina, a mediados del siglo pasado, implementó un modelo de desarrollo que hoy en día es referente para otros países.

La regulación estatal, en conjunto con la regulación de seguridad para materiales y productos eléctricos, ha permitido certificar más de 500 mil instalaciones nuevas

Por Carlos Foligna

Actualmente, se cruza por una etapa especial en la vida de las naciones de América Latina. En muchos estados se están aplicando políticas similares en torno a la seguridad eléctrica. El ya famoso término “inclusión social” tiene muchas aristas, y cada país las ha adoptado según sus necesidades. Desde México hasta Argentina, se divisa un ansia voraz por mejorar la calidad de vida de la población, y entonces la globalización se transforma en una política de estado continental.

Cuando los países comienzan a responder por las carestías de sus habitantes, empieza a percibirse que la vida diaria, en sus hogares, está rodeada de elementos que ponen en riesgo permanente su integridad y bienes. Claro está que este valor no es prioritario frente a otros, como alimentación, salud, educación y seguridad pública, pero no deja de estar presente.

El motivo de este artículo es compartir la experiencia en materia de seguridad eléctrica de Argentina, haciendo un alto particular en uno de los efectos colaterales de esta política y en el impacto que ha tenido sobre la manufactura de productos y materiales eléctricos. Para ello, se echará mano de algunos aportes de colegas prestigiosos de nuestro quehacer.

Acontecer
Argentina posee una experiencia centenaria en materia de seguridad eléctrica, a través de la Asociación Electrotécnica Argentina, nacida en 1913, cuyo primer acto fue fundar en su seno al Comité Electrotécnico Argentino, miembro del Comité Electrotécnico Internacional. Allí comienza la historia de la electricidad segura a través de la normalización en el país.

Esta nación abraza, desde entonces, para las instalaciones y los materiales, las normas IEC como base de su sistema normativo. En 1935 se funda una de las instituciones señeras en normalización de productos de América Latina: el Instituto de Normalización y Certificación Argentino (Iram). Estas dos organizaciones son el soporte normativo sobre el que se basa la seguridad de materiales, productos  e instalaciones eléctricas en la nación austral. Sin embargo y a pesar de esta rica historia, en la vida real la inseguridad eléctrica ha ido creciendo.

El avance tecnológico y socioeconómico de la población hizo que los kW conectados a una instalación domiciliaria en la última década del siglo XX superaran con creces los kW conectados a la misma red en 1950. Sin embargo, las instalaciones, tanto en su aspecto normativo como en el fáctico, seguían siendo las mismas. En Buenos Aires, el índice de siniestro de origen eléctrico aumentaba año tras año, mostrando una clara evidencia de la vetustez e inseguridad de las instalaciones, la carencia de una normativa de instalaciones moderna y la absoluta carencia de regulaciones estatales para atender el cumplimiento de la ejecución de instalaciones eléctricas conforme al reglamento.

Esta situación comenzó a atenderse cuando el ente de regulación de la energía eléctrica (Enre) promulgó la Resolución 207/95, a través de la cual se transformó en obligatoria la presentación de documentación técnica por parte de un instalador acreditado por un organismo competente e independiente para poder acceder al suministro eléctrico por parte de la empresa distribuidora. A la luz de esta Regulación, nace la Asociación para la Promoción de la Seguridad Eléctrica (APSE), dentro de la cual funcionaría el Instituto de Homologación y Acreditación de instalaciones (IHA)

El proceso desencadenado por la sanción de la Resolución ENRE 207/95, que duró 12 años hasta su derogación, estaba destinado a transformar una realidad adversa en términos de seguridad (vidas y bienes) para instalar un nuevo escenario en el que la protección de las personas y de su entorno natural y material se convirtiese en una regla y dejase de ser una contingencia, un caso excepcional o hasta una situación casual.

Certificación de instalaciones
Ello devino de la aplicación de un modelo innovador en Argentina, basado en la existencia de una constancia documental, emitida por un especialista seleccionado libremente por el solicitante del suministro, a partir de un listado ad hoc disponible al público, que respalda las condiciones de seguridad del inmueble que solicita el servicio de energía eléctrica, con referencia a las reglamentaciones emitidas por la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA).

Ese modelo descansa en el uso de dos herramientas que son la esencia del trabajo desarrollado por APSE: registro y control. El Registro de Profesionales y Especialistas –de acceso público– permite convocar a expertos que suscriben la Declaración de Conformidad de la Instalación (DCI) si se cumple la reglamentación emitida por la AEA y si los materiales están certificados conforme a las normas vigentes. Las DCI se incorporan a un registro, con la finalidad de servir como base documental para referencias futuras, y se someten a un esquema de control estadístico por muestreo, de manera que se garantice la integridad del proceso.

Más de 500 mil instalaciones nuevas certificadas por el APSE en doce años de labor sin registrar incidentes son una muestra de que este sistema funciona para el objeto de su creación; sin embargo, este modelo no habría sido posible si a la regulación estatal no se le hubiera sumado la regulación de seguridad para materiales y productos eléctricos.

El proceso desarrollado, en principio copiando lo que realiza el Consuel de Francia y luego recreado y mejorado, ha instaurado e institucionalizado un marco de seguridad eléctrica caracterizado por:

  • La generalización de la aplicación de las Reglamentaciones de la AEA para instalaciones eléctricas de BT, alineadas sustancialmente con los requisitos de seguridad reconocidos internacionalmente por las normas IEC y resultantes de una larga tradición de elaboración de documentos que son la referencia obligada en la materia
  • El uso exclusivo y excluyente de materiales certificados con la Marca “S”, de acuerdo con la Resolución ex SICyM 92/98, conforme a las normas Iram o IEC aplicables
  • La intervención de profesionales y especialistas, debidamente matriculados o registrados, sobre la base de las incumbencias de sus títulos, las derivadas de los certificados de estudios o de las instancias de capacitación y evaluación correspondientes
  • La emisión, el registro y la conservación para referencias futuras de documentación técnica completa de las instalaciones, con carácter de declaración de conformidad, suscrita por el profesional o especialista
  • El control de la aplicación de las declaraciones antedichas sobre las instalaciones, llevado adelante por un organismo independiente, organizado conforme a las reglas reconocidas internacionalmente, de manera que se dé confianza sobre la efectividad de las operaciones

Beneficios para todos
Para los usuarios directos, así como para los terceros y para la sociedad en general, el beneficio más tangible es el de la minimización del riesgo en términos de vidas humanas o de animales domésticos, y de los daños materiales, con la consecuente preservación de los bienes y del patrimonio individual y colectivo.

Para los profesionales y especialistas, y para las organizaciones profesionales que los agrupan (incluyendo a Consejos o Colegios creados por ley), se consolida la esfera de intervención profesional por el reconocimiento de su rol, se propician la capacitación y la actualización profesional permanente, se genera actividad económica genuina con valor agregado incremental en intangibles, a la vez que se eleva el nivel de calidad del mercado por la incorporación de idóneos registrados, capacitados al mejor nivel accesible como especialistas.

Para las organizaciones que integran la cadena de valor de provisión de energía eléctrica y, en particular, para las distribuidoras de energía que tienen contacto directo con los usuarios, queda delineada una clara línea divisoria de las responsabilidades derivadas de la prestación del servicio, previniéndose las consecuencias indeseadas de los siniestros originados en las instalaciones de los usuarios.

Para las organizaciones que integran la cadena de valor de provisión de materiales y ejecución de instalaciones eléctricas, y para las cámaras que las agrupan, se contribuye a consolidar un clima de negocios, caracterizado por el reconocimiento de mercado a quienes contribuyen al cumplimiento de las reglas de seguridad, en especial a través del uso de materiales eléctricos certificados.

Para las Autoridades Públicas con jurisdicción sobre los distintos tipos de actos relacionados con los puntos anteriores, se obtiene un sistema seguro y confiable de aplicación combinada de una multiplicidad de disposiciones diferentes (desde el ordenamiento urbano y territorial, hasta la preservación de la salud, la seguridad y el medioambiente, pasando por innumerables aspectos registrales y aún impositivos), sin costo fiscal y con los beneficios adicionales para los distintos intereses que se enumeraran precedentemente.
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