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Reforma Energética, ¿detonante de productividad?

El sector energético vive una situación crítica que exige una discusión seria. El debate sobre la reforma energética representa un gran desafío para México, ya que todos los ciudadanos del país viven una etapa de incertidumbre que persistirá hasta que las acciones por maximizar el sector alcancen un consenso viable para incrementar las oportunidades de desarrollo, pero, sobre todo, que garantice un abasto eficiente y de calidad.

Por Melissa Rodríguez

El artículo “Inversión privada en el sector eléctrico mexicano”, publicado por el ingeniero Víctor Hugo Ventura Ruíz, jefe del Área de Energía y Recursos Naturales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en Constructor Eléctrico (Núm. 16), revela datos importantes sobre la regulación actual del marco eléctrico-energético en el país, sectores inmersos en una disputa que, según los especialistas, redefinirá el futuro económico de México ante el progreso de los modelos energéticos en todo el mundo.

Los sistemas de energía eléctrica y la matriz energética son un monopolio mundial natural, según el ingeniero Ventura, y como tal se implementan mecanismos específicos para su regulación y remuneración. “En México, esta función es realizada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), instituciones integradas por un marco constitucional que determina en sus artículos 25°, 27° y 28° que el manejo de los hidrocarburos y la electricidad son exclusivos del Estado; no obstante, la explotación de los recursos se regula mediante un estímulo corporativo mixto, dividido en empresas privadas, la mayoría trasnacionales, y en empresas de capital privado nacional; es decir, filiales de grandes asociaciones y productores eléctricos estatales”.

“El petróleo y la electricidad han sido sectores determinantes en el desarrollo de México desde la década de 1930. En 1958, se estableció que la explotación del recurso se llevaría cabo a través de Pemex. Hoy en día, las condiciones administrativas son muy diferentes, aunque la energía sigue siendo una de las actividades económicas más importantes del país y la fuente principal de los ingresos públicos federales”, explica el ingeniero Ventura.

Por su parte, Gerardo Gil Valdivia, quien fuese director General de Mexpetrol, publicó en el portal de noticias Este País el texto “El sector energético en México: Situación actual y perspectivas”, en el cual expresa la urgencia de reestructurar el modelo energético mexicano. El documento revela que, en materia de hidrocarburos, Pemex es la séptima petrolera del mundo. En 1982, las reservas de crudo ascendían a 72 mil millones de barriles; sin embargo, el país enfrenta diversas limitaciones. Desde 2004 han disminuido sus ganancias en 30 por ciento; los dos últimos trimestres la paraestatal ha sumado pérdidas por 53 mil 385 millones de pesos, a causa de la reducción de exportaciones, principalmente a Estados Unidos; a esto se suma un pasivo laboral de 1.3 billones de pesos y el hecho de que 67 por ciento de sus ingresos por renta petrolera forman parte del fisco.

Durante las primeras décadas de su existencia, indica el documento, Pemex desarrolló actividades de exploración, producción, y una amplia red de refinerías y plantas petroquímicas que le permitieron fungir como un importante motor de la industrialización y el desarrollo del país; también fue el principal demandante de bienes de capital y contribuyó al desenvolvimiento de la ingeniería. Esta situación se revirtió drásticamente en las últimas dos décadas, como consecuencia de la crisis fiscal del Estado mexicano y de las limitaciones presupuestales del Gobierno Federal.

Clifford Krauss, analista del New York Times, en su artículo “Oil Reforms by Mexico May Upend Markets”, presentó un diagnóstico sobre la producción petrolera en México, que revela que la exportación a Estados Unidos ha decrecido de 1.7 millones de barriles por día en 2006, a poco más de 900 mil barriles por día en fechas recientes. Paralelamente, se ha visto en la necesidad de importar más gasolina de las refinerías norteamericanas, con un incremento de 3 a 33 por ciento de 1997 a la fecha. Esto se ha debido en gran medida a la producción insuficiente, que ya no logra cubrir las necesidades de la población.

Krauss también menciona que las reservas probadas de petróleo han disminuido considerablemente. En la década de 1980, ascendían a casi 60 mil millones de barriles de petróleo; ahora se cuentan 10 mil millones de barriles. Esto se debe, según Krauss, a que la producción en los yacimientos que se encuentran en la masa continental y aguas someras se está agotando, y a que existe una carencia de recursos técnicos y financieros para labores de exploración y perforación en aguas profundas del Golfo de México, donde, según datos de la industria petrolera, se han registrado reservas de unos 60 mil millones de barriles.

Al respecto, Gil Valdivia explica que se necesitan tecnologías específicas para técnicas, como la perforación horizontal y la fractura hidráulica, con las que el país no cuenta. Además, los costos por perforar en aguas profundas son casi 10 veces mayores que la extracción tradicional, mientras que el gas lutitas requiere de infraestructura que tampoco existe en el país.

Aunado a esto, México enfrenta otros retos que el especialista Francisco R. Calderón, economista e historiador mexicano, definió en su artículo “Reforma Energética”, en el que revela que las reservas de petróleo se han reducido a la mitad, pues el descubrimiento de nuevos yacimientos ha sido insuficiente para compensar la producción. Se calcula que de seguir al mismo ritmo, la demanda de hidrocarburos para consumo interno y exportación agotará las reservas probadas de crudo en un periodo de 12 años; esto implicaría que para principios del 2020 México se convirtiera en importador neto de crudo.

Asimismo, Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, manifestó su preocupación por los problemas de seguridad energética que hoy embargan a la paraestatal. Recordó que 7.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de México depende directamente de la explotación de hidrocarburos; pero reconoció que, a pesar de los esfuerzos del Estado por aumentar la producción, los resultados han sido negativos. “En México producimos menos petróleo y gas natural, pese a que la inversión pública se ha septuplicado durante los últimos 15 años, hasta llegar a 20 mil millones de dólares”, reveló recientemente ante diversos medios de comunicación.

También señaló que la producción de gas natural no satisface el mercado interno, ya que sólo cubre la tercera parte del consumo. “En los últimos ocho años”, menciona, “la producción de petróleo se ha reducido en 835 mil barriles diarios, lo que ha generado pérdidas anuales por 22 mil millones de dólares”. Aseguró que en el 2012, mientras en Estados Unidos se inició la perforación de 9 mil 100 pozos, México sólo trabajó con tres.

En materia de energía eléctrica, Luis Alberto Serra Barrera, investigador Senior del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CIDAC), comenta a Constructor Eléctrico que actualmente México tiene un sector eléctrico deficiente. “El patrimonio de la CFE está cayendo; el tamaño del pasivo que tiene la remesa de sus activos indica que la institución podría quebrar en plazo de un año y ser considerada como una empresa”. Señaló que el servicio de energía eléctrica llega a 95.42 por ciento de la población, y quedan por electrificar 43 mil localidades, en su mayoría rurales, donde viven más de 2 millones de personas.

Mencionó que las tarifas eléctricas que se aplican a usuarios residenciales –pese a que están subsidiadas– siguen siendo 25 por ciento más altas que en otros países, debido a que la CFE produce electricidad con plantas de más de 20 años de antigüedad. Además, las tarifas no son distribuidas de forma equitativa, sino bajo criterios políticos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues, además de contar con 40 tipos de tarifas distintas, el usuario inicial paga un costo más alto por la energía y con ese excedente se subsidia a los usuarios residenciales y agrícolas, lo que genera pérdida de competitividad de las industrias mexicanas.

La distribución de gas natural, esencial para el sector eléctrico, presenta un déficit en su capacidad de generación si se le compara con la demanda del país. La falta de incentivos para mejorar el sistema de distribución y generación resulta un problema, por ejemplo en el caso de las energías renovables, según Serra, con el esquema de temporadas abiertas, en el que la CFE y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) han limitado el desarrollo de proyectos de energía limpia, debido a la inexistencia de red troncal en determinadas zonas.

Según Serra, a todo esto hay que sumar que dentro de 13 años se necesitará generar 41 GW y en los últimos 16 años se han instalado sólo 28: “Es decir, que en más tiempo se ha instalado menos potencial eléctrico del que se necesitará para satisfacer la demanda nacional en 2026”.

Análisis de la propuesta de Reforma Energética
De acuerdo con el doctor Rolando Fuentes, miembro del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), las propuestas de Reforma Energética han causado escepticismo, debido a las contadas veces que se ha propuesto la reestructuración del sector. “El tema se viene discutiendo desde hace más de 15 años, cuando el ex presidente Ernesto Zedillo formuló una propuesta para el sector eléctrico y petroquímico. Años después, los ex mandatarios Vicente Fox y Felipe Calderón también propusieron reorganizar el sector; sin embargo, el contexto y el estigma que aún conserva tanto la sociedad civil como política respecto de la privatización del sector han limitado la emisión formal de los decretos.”

“Hoy, la propuesta emitida por el Ejecutivo Federal ha sido bien acogida en el país, sobre todo considerando la situación laboral que se vive en Pemex, institución que a nivel administrativo no está cumpliendo con sus mandatos como patrón, ya que el Sindicato tiene más prerrogativas de las que debería. Estamos hablando de una base de más de 150 mil empleados que laboran en Pemex”, puntualiza Esther Arzate Huitrón, directora Asociada de la Mexican Bussines Web y catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Ante este panorama, Fuentes dice que, desde hace años, partidos y actores políticos han coincidido en que una intervención en Pemex no sólo es necesaria sino urgente. “El problema es cómo emprender la reestructuración entre las oposiciones políticas, los intereses de la sociedad y la capacidad económica, indispensable para el desarrollo de la infraestructura y el progreso del sector”.

Entre las propuestas de Reforma Energética, el Partido Acción Nacional (PAN) propone mejorar la eficiencia de Pemex y promover la inversión absoluta en el sector energético para que México vuelva a ser una potencia petrolera y tenga precios más competitivos en gasolina, gas y electricidad. Según Arzate, coincide con la propuesta del actual presidente, Enrique Peña Nieto (EPN), en que es necesario reformar la Constitución para permitir la apertura de la industria energética a la iniciativa privada. “La propuesta se caracteriza por dar total apertura a la industria privada y plantea, incluso, concesiones para la explotación de petróleo y gas, lo que significa que los privados podrían ser propietarios absolutos de las reservas. También busca eliminar la participación del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana en el Consejo de Administración de Pemex”, dice la catedrática. “Mientras que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) –continúa– recomienda seguir limitando la participación de empresas privadas en el sector, aunque manifiesta que está de acuerdo en que Pemex necesita reformarse. Sin embargo, sus dirigentes manifestaron que transformar a Pemex en una empresa pública de carácter productivo y multiplicar la exploración y producción de hidrocarburos, como estipula el Pacto por México, no significa cambiar la Constitución para privatizar. El planteamiento que hace el PRD está catalogado como conservador, ya que sólo propone modificaciones estructurales para Pemex, un régimen fiscal flexible que no lo mantenga ahogado, como hasta ahora, y que a través de sus propios ingresos pueda tener más recursos para invertir en refinerías, petroquímicas, transporte, combustible y petrolíferos”, argumenta.

Respecto de la propuesta emitida por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), es una iniciativa “que ha ganado mayor interés, debido a que está respaldada por el Ejecutivo Federal –explica Arzate–, en la cual EPN sugiere de forma concreta modificar los artículos 27° y 28° de la Constitución para modernizar los sectores de hidrocarburos y de energía eléctrica.

”El modelo de EPN se basa en dos vertientes: la reforma constitucional al sector petrolero y al eléctrico. En el caso de los hidrocarburos, el esquema se fundamenta en la modificación de los contratos para exploración y explotación a celebrarse con el Poder Ejecutivo Federal, y la posibilidad de la participación privada en toda la cadena de valor, lo que supone eliminar la prohibición constitucional”, explica la catedrática.

A su vez, la propuesta retoma la concepción del general Lázaro Cárdenas, quien consideraba que las actividades de la industria petrolera debían ser exclusivas de Pemex; sin embargo, la colaboración de la iniciativa privada en el sector nunca estuvo prohibida. Esta enmienda constitucional, aprobada en la década de 1960, retoma y enmarca, según Arzate, que el Estado mexicano continuará siendo propietario exclusivo de los recursos del subsuelo, pero podrá contratar a empresas de capital privado mediante fórmulas, como el modelo de compensaciones. “Esto significa que las empresas privadas podrán construir refinerías, plantas petroquímicas, ductos, terminales de almacenamiento, etc. Y de acuerdo con el proyecto que se desarrolle se definirá la repartición de utilidades”, comenta Arzate.

Las empresas seguirán interviniendo en la distribución de gas natural y gas licuado, actividades que por su carácter han estado abiertas a la participación de la iniciativa privada en determinadas áreas. “En este sentido propone que se termine de abrir la participación para que sean los privados quienes apalanquen la cadena productiva de transformación del petróleo y el gas”, afirma Arzate.

La parte más crítica y que hasta el momento ha causado divisiones entre los partidos políticos y la población en general, según la catedrática, es la participación de la iniciativa privada en los contratos de utilidad compartida, los cuales permiten que tanto privados nacionales como extranjeros puedan invertir y extraer hidrocarburos directamente del país, y que a su vez compartan la utilidad con Pemex. No obstante, la propuesta también comprende la modernización administrativa de Pemex, al conferirle más flexibilidad operativa y un tratamiento fiscal más competitivo a escala mundial, además de implementar un esquema de transparencia y rendición de cuentas en cuestión de contratos y adquisiciones, así como la reglamentación de los proyectos de infraestructura de la petrolera.

“Para el sector eléctrico, la propuesta está validando de manera constitucional lo que ya existe en la práctica; es decir, desde 1992 –explica la catedrática– se modificó la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Energía Eléctrica y se permitió a los privados participar bajo cinco esquemas: productor privado independiente, cogeneración, exportación, importación y autoabastecimiento. Básicamente lo que hizo este esquema fue darle certidumbre jurídica a la enmienda vigente y a su vez definir la posibilidad de que la industria privada participe, ya no sólo en la generación, como ha sido durante las últimas décadas, sino en la transmisión y la distribución, ámbitos totalmente reservados para la CFE”, puntualiza Arzate.

Por otro lado, la medida de acción más comentada apunta a la reducción de costos en el servicio eléctrico, así como a organizarlo con una visión moderna que permita elevar su productividad y su eficiencia, a lo que se suma la necesidad de renovar y ampliar la red nacional de transmisión, pues 50 por ciento de ella tiene más de 20 años de antigüedad.

Por qué abrirse a la iniciativa privada
Según Serra, la cercanía con Estados Unidos (EUA) le ha permitido a la industria mexicana aportar cifras que sugieren la necesidad de avanzar en la producción de hidrocarburos de la mano del sector privado. “Comparado con EUA, el grado de inversión que necesita México para garantizar el abasto de red asciende a 1.3 billones de pesos, el tamaño del pasivo que trae Pemex”, dice. “Asimismo, el país vecino cuenta con la participación de más de 70 empresas en el sector de los hidrocarburos, mientras que en México sólo funge Pemex, de modo que se necesita un grado de inversión que tenga la capacidad de adquirir nuevos equipos”, comenta el investigador.

Analistas como Arzate detectan un rezago en la industria petrolera. “La propuesta de Reforma parece indicar una oportunidad en el área de transformación de petróleo y gas, ya que desde hace 30 años México no construye una nueva petroquímica. Hasta el momento no queda claro si se llevará a cabo la de Tula, a pesar de que ya se han hecho trabajos de ingeniería”.

En materia de incentivos, el Gobierno Federal necesita un empujón para salvaguardar la industria de refinería, petroquímica y gas. “No le veo la capacidad ni el interés de hacerlo, a pesar de que reubicar la transformación de estas industrias representa una clara oportunidad para el retorno del sector de la construcción y la infraestructura, y evidentemente derrama económica, de empleos y la contribución al PIB”, señala Arzate.

“Entre el 75 y el 80 por ciento de la inversión de Pemex es destinada a la exploración y la explotación de petróleo y de gas, pues resulta muy rentable. Un barril de petróleo puede venderse al extranjero en 100 dólares, de modo que refinar un barril no les genera la misma utilidad, por lo que durante los últimos sexenios se ha optado por una política recaudatoria, en lugar de fomentar y desarrollar una política industrial, en la que se otorguen los energéticos, combustibles y petroquímicos suficientes para hacer crecer el sector industrial y disminuir las aportaciones”, explica.

“No obstante, Cantarell, el principal yacimiento petrolero mexicano, está en proceso de agotamiento. Esperar a que esto ocurra sería anular permanentemente un gran porcentaje de extracción de hidrocarburos en el país”, reveló EPN ante los medios de comunicación. Al respecto, Fuentes expresa la necesidad de convocar al capital privado para producir electricidad por métodos no convencionales. “La iniciativa privada podría ayudar al país a acelerar los proyectos de energía renovable”, señala.

De acuerdo con Óscar Herrera Ponce, colaborador del portal SDP Noticias, en su artículo “Reforma Energética, más allá de los paradigmas”, Pemex necesita una estrategia competitiva y alianzas estratégicas, pero para ello no es necesario reformular la forma de trabajo con la iniciativa privada y llegar a la privatización como muchos temen. “Se pueden encontrar socios adecuados, empresas que inviertan en la tecnología necesaria a cambio de la experiencia y el conocimiento de la paraestatal, con quienes sea posible compartir riesgos y rendimientos, pero sin comprometer la propiedad del producto”, declara. Comenta que sobran empresas interesadas en ser socios minoritarios de Pemex, es decir, ganar sin poseer el control.

Detonadores de la productividad del sector
La información presentada por Krauss en su diagnóstico afirma que, de aprobarse la reforma energética emitida por el PRI, México recuperaría su liderazgo como productor de petróleo, reduciría su dependencia de EUA y abriría las puertas a empresas extranjeras que podrían asociarse con la paraestatal para la exploración y la explotación en aguas profundas.

El analista estima que México podría tener 29 mil millones de barriles de petróleo y reservas de gas en el Golfo de México, que serían recuperables a través de la inversión extranjera y la experiencia de compañías que han perfeccionado la tecnología. Según Krauss, México aumentaría su producción de crudo y gas natural 25 por ciento en un periodo de once años.

Según Arzate, dar mayor apertura al capital privado en infraestructura petrolera no es cosa menor, ya que desde hace 30 años el gobierno no ha tenido la capacidad de construir una sola refinería. “Si México no realiza cambios se va a convertir en un importador neto de energía. El 30 por ciento del gas licuado y los principales combustibles que consume el país son importados de EUA y la India, quienes procesan el crudo en sus refinerías y lo devuelven en gasolina o diesel. La construcción de refinerías en el territorio mexicano frenaría el nivel de importación y, a largo plazo, permitiría exportar en pequeñas cantidades gasolina y diesel. A la par, se habla de la construcción de una planta petroquímica que generaría 10 mil empleos, además de las terminales de almacenamiento y reparto de combustible, considerando que efectivamente resulten obras y sectores atractivos y de negocio para los inversionistas privados. Evidentemente, la reforma propone generar una palanca de desarrollo muy importante para el momento de pasividad que vive la industria de la construcción”, dice la catedrática.

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) se pronunció a favor de la aprobación de la iniciativa de Reforma Energética a través del portal de noticias Aguasdigital, en el que Pedro de la Serna, presidente del organismo empresarial en Aguascalientes, dijo estar de acuerdo con la reformulación del artículo 27° constitucional. Al respecto, Fuentes señala que se impulsarían todos los servicios aledaños al sector energético. “Además, permitiría al país desarrollar una reestructuración financiera y de infraestructura, mediante el alcance que tengan las leyes secundarias respecto de la participación de terceros”.

En relación con la electricidad, la reforma manifiesta el interés por reducir el costo de las tarifas eléctricas. De acuerdo con Serra, lo que ha propuesto EPN deja abierta la posibilidad de tomar varias acciones. “No queda claro si la CRE tomará las riendas, y si será dicho organismo el que establezca las tarifas eléctricas. Tampoco se propone un mercado al mayoreo –dice Serra–, cuya acción permitiría una mayor competencia y garantizaría tarifas más bajas para el sector industrial, lo que les podría dar mayor competitividad. No obstante, abren la posibilidad de que compañías privadas vendan electricidad a otros usuarios, pero el usuario residencial se vería afectado, porque al quitar el subsidio cruzado las tarifas incrementarían. Todo depende de cómo se aterricen las leyes secundarias y los reglamentos. Los escenarios posibles para una disminución en las tarifas eléctricas pasa porque exista una mayor oferta de generadores y porque la transmisión sea mucho más eficiente”, expresa el investigador.

Limitantes
“Toda Reforma Energética implica riesgos financieros y dificultades técnicas”, comenta Arzate. “Por ejemplo, la extracción en aguas profundas y la obtención de gas de lutitas son riesgos demasiado grandes para ser asumidos por una sola empresa; por ello, entre mayor número de operadores, menor será el riesgo para cada uno de ellos. En ese sentido, los beneficios económicos y legales para México son bastante claros”.

Al respecto, Krauss menciona que “los inversionistas extranjeros o nacionales deben tener claro que México no está concesionando una parte de la reserva petrolera; al contrario, su esquema plantea que dichas empresas recibirán ingresos de la venta de petróleo y gas, no de los volúmenes de estos hidrocarburos”.

Desde la perspectiva financiera, “la propuesta del Ejecutivo Federal va en sentido correcto”, expresa Montserrat Ramiro, directora de Proyectos de Energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco). “La enmienda nos acerca un poco más al resto del mundo en términos energéticos y le da la posibilidad a México de explotar sus recursos de manera más eficiente de lo que se ha podido mediante el modelo convencional, en donde Pemex es el operador único de hidrocarburos. Estamos en una posición en la que, si México no sube a la revolución energética iniciada por Estados Unidos, puede quedar desplazado en términos industriales. Tendría una pérdida de competitividad en energéticos y en la oferta misma”, detalla Ramiro.

En cuanto a riesgos sociales, dice Fuentes, “vivimos un periodo en el que se están presentando reformas muy difíciles y que no tienen una aceptación universal, de modo que podrían derivar en un problema político”.

“Hay que considerar que todos estos proyectos son a largo plazo”, dice Ramiro. “En materia de hidrocarburos, los avances son necesariamente lentos. No es una reforma que va surtir efecto a corto plazo. En lo que se explora, en lo que se empieza a explotar, estamos hablando de 7 a 10 años. Pero es importante que en el transcurso se sienta una mejora y que la iniciativa privada se sienta cómoda para invertir. En el 2015, si todo va bien, se comenzaría a ver el futuro del capital mexicano; mientras tanto, se continuarán haciendo ciertas inversiones”.

Fuentes refiere que, respecto del sector eléctrico, la construcción de nuevas plantas de acuerdo con el desarrollo tecnológico podría tardar entre tres y cinco años. “En el 2020 entrarían las nuevas inversiones, que son las que podrían abaratar las tarifas y a su vez reducir las emisiones de carbono”.

Energías renovables
Diversos analistas concuerdan que la Reforma no puede ser sostenible porque aún promueve el uso de combustibles fósiles. “México no puede seguir viendo en los hidrocarburos, que muestran alta inestabilidad en los precios y altos riesgos por impactos ambientales asociados, la oportunidad para el desarrollo y la competitividad presente y futura del país. La seguridad y la sostenibilidad energéticas serán una realidad sólo si apostamos por las energías renovables”, comentó para Animal Político Isabel Studer, directora del Instituto Global para la Sostenibilidad del ITESM y asesora de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático.

Con la Reforma, México elevaría la producción nacional de crudo a 3.5 millones de barriles diarios y casi duplicaría la producción de gas, según la Sener. Por ello, tanto analistas como instituciones que promueven el uso de energías limpias, como la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES), proponen que los legisladores discutan el futuro de las energías renovables dentro de la propuesta de reforma.

La directora de Proyectos del Imco comenta que las renovables son la parte de la energía que más crece, pero sobre una base relativamente pequeña. En el mundo, las renovables no rebasan 20 o 30 por ciento del total de energía. “Las energías renovables no tienen un impacto en términos de la oferta total energética. Se verán reforzadas con la reforma, pero no cambiará su posición en el mix energético nacional”.

“La crisis que vive el sector energético para cubrir la demanda interna hace necesario cuestionarse cómo fue que un país como México, con tan vastos recursos, pudo llegar a la situación actual”, dice Arzate.

Ramiro indica que lo más importante es tener un marco regulatorio. “Que la renta petrolera se invierta en proyectos, en empleos y en adquisición de tecnologías, en vez de utilizarlo para el gasto corriente, y luego forjar una estructura de transparencia alrededor de los contratos para que se le dé certidumbre a los mexicanos de que se tiene un sector que persigue los objetivos de maximizar la renta para el estado”.

“Esto se lograría”, argumenta Fuentes, “abriendo paso a la modernización y quitando la camisa de fuerza que tienen las restricciones constitucionales. El segundo paso es garantizar la competencia en un sector proclive a la monopolización. La tercera es incorporar la energía renovable y las tecnologías limpias”.

El modelo mexicano de reforma en la producción de hidrocarburos debe tomar en cuenta los cambios en la geografía del mercado de hidrocarburos mundial, antes de pensar en la propiedad y la distribución de la renta petrolera, reveló recientemente Ramiro. “La reforma energética no sólo tiene que atender a la necesidad de generación de hidrocarburos, sino a la forma en que éstos serán distribuidos nacional e internacionalmente. Tienen que modificarse las estrategias de exploración y extracción, pero también debe replantearse la estrategia de comercialización y utilización de los recursos”, dice.

El análisis publicado por Óscar Herrera muestra que EUA requiere cada vez menos hidrocarburos, pues su eficiencia energética va en aumento y genera cada vez más energía a partir de fuentes renovables, además de que ha incrementado su producción de crudo y gas. Según Herrera, la renta petrolera mexicana bajaría, por lo que se deberían buscar nuevos clientes, ya que México es uno de los países que más se beneficia de la demanda de su vecino del Norte.

Aunado a esto, el análisis expresa que el petróleo dejará de ser el actor protagónico para cederle el paso al gas natural, fuente de energía que le proporcionará a EUA, uno de los países con mayor cantidad de yacimientos, los recursos necesarios para volverse autosuficiente en materia energética. “México tendrá que progresar en el campo del gas natural, pues, al igual que EUA y Canadá, posee importantes yacimientos”, explica Herrera.

Según Arzate, no se planteará la Reforma de ninguno de los actores políticos. “Se tratará de una reforma dialogada, discutida y con cambios. Sin embargo, el eje central será la reforma emitida por el Ejecutivo Federal”.

A su vez, Fuentes comenta que las propuestas pueden fusionarse en la medida en que los sectores de gas, electricidad, renovables y cambio climático lleguen a un acuerdo. “Hay opiniones diversas que se pueden conciliar”.

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