La oferta y la demanda de energía en el territorio nacional ofrece un panorama de constantes cambios y oportunidades para la economía nacional. El presente análisis aborda los retos que implica la Reforma Energética para transformar el escenario de aquí a 2040, lo que incluye una revisión del desempeño de las fuentes renovables y, más importante, plantea qué sucedería en caso de no llevarse a cabo las reformas
Por Redacción, con información de la International Energy Agency (IEA)
En diciembre de 2013, inició un nuevo capítulo para el sector en México. Con la promulgación de la Reforma Energética se planteó una remodelación absoluta de las antiguas estructuras que, por más de 80 años, habían permanecido casi inamovibles. Con los cambios propuestos a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución se abriría paso a la inversión extranjera en materia eléctrica y de hidrocarburos para modernizar al país e impulsar su progreso.
En esta tónica, la International Energy Agency (IEA) presentó el reporte World Energy Outlook (WEO) Special Report (Perspectivas de la energía en el mundo, informe especial sobre México), el cual aborda el impacto a largo plazo de los cambios introducidos por la Reforma, sus posibles efectos en el desarrollo económico del país y el cumplimiento de compromisos medioambientales.
En un evento realizado en Arabia Saudita a inicios de 2017, la Sener dio a conocer que “la Reforma Energética generó un nuevo modelo de mercado, caracterizado por la apertura, competencia e integración global. Los inversionistas pueden participar en proyectos de exploración, extracción y transformación industrial, así como en servicios de transporte, almacenamiento y comercialización”.
Uno de los principales reajustes que se examinan en el reporte de la IEA es la introducción de inversiones y tecnologías en la cadena de valor de los hidrocarburos. Esto fomentaría la competitividad, garantizaría una mayor inversión y rentabilidad de las fuentes de electricidad, tanto tradicionales como de bajas emisiones de dióxido de carbono, además de poner fin al monopolio de Pemex en la industria.
Pero los bajos precios en los que se cotiza actualmente el petróleo han generado algunos obstáculos. Aunque la economía mexicana ha comenzado a liberarse de su dependencia, en 2014 las entradas provenientes de la venta de crudo todavía representaban alrededor de un tercio de los ingresos fiscales. Sin embargo, en 2015, disminuyeron a la mitad. En este periodo ocurrió lo mismo con las exportaciones de crudo que, en 2011, alcanzaron los 25 mil millones de dólares.
Aunque esta caída en los precios ha tenido un impacto considerable, tanto en las finanzas gubernamentales como en las de las empresas energéticas estatales, también presenta una faceta más positiva, que se expresa en la creciente disponibilidad de importaciones a precios más bajos de gas natural procedente de EEUU. Integrar el gas natural al mix energético en México, señala el reporte, traería consigo el desarrollo de infraestructura y una vasta disponibilidad a través de nuevos gasoductos desde el sur del país vecino, lo cual podría desencadenar nuevos proyectos de exploración y producción de gas. Esto detonaría un desarrollo a mayor escala para finales de la década del 2020.
El Gobierno ha seguido adelante con la Reforma, llevando a cabo las sucesivas rondas de licitaciones para la exploración y producción de hidrocarburos, así como nuevas subastas para el suministro de electricidad. Si bien es cierto que estos ejercicios tardarán en entrar en operación, las decisiones adoptadas constituyen los cimientos para un mejor futuro.
Ruptura con el pasado
El estudio de la IEA proyecta que para 2040 la demanda de electricidad en México crezca un 85 por ciento, y que una mayor apertura a la participación privada ayudaría a generar los 10 mil millones de dólares anuales que se requieren para cubrir este aumento. En consecuencia, los precios de la electricidad industrial podrían disminuir hasta 14 por ciento, a pesar del aumento previsto en los precios del gas natural durante el mismo periodo.
En este escenario, la estricta separación legal de la CFE, aunada a las subastas de largo plazo, facilitarían la llegada de nuevos actores sobre una base más competitiva, lo que a su vez permitiría una generación de electricidad baja en emisiones de dióxido de carbono. Lo anterior fue palpable luego de las dos primeras subastas para nuevo suministro eléctrico, celebradas en 2016. Éstas dejaron constancia de la voluntad del sector privado para invertir en generación solar fotovoltaica y eólica, y validaron el rediseño del Mercado Eléctrico Mayorista.
Pedro Joaquín Coldwell, titular de la Sener, anunció los resultados de los dos concursos de la compra de energía a largo plazo, “para todas las tecnologías limpias participantes se establecerán 34 empresas de generación en el territorio nacional, que en conjunto llevarán a cabo una inversión de 6 mil 600 millones de dólares y añadirán cerca de 5 mil MW de nueva capacidad de generación limpia”.
Para 2040, además, se prevé que la mitad de los 120 GW de capacidad de generación eléctrica instalada provengan de fuentes renovables, lo cual tendrá un impacto proporcional en la reducción de emisiones.
Esto abre la oportunidad para reducir los subsidios a los consumidores residenciales de electricidad, que hoy en día ascienden a 6 mil millones de dólares anuales. La intención, claro está, es que estas subvenciones desaparezcan progresivamente de aquí a 2035.
Un crecimiento más sano
En los últimos 15 años la demanda energética en México creció 25 por ciento. El consumo eléctrico, a su vez, aumentó 50 por ciento durante el mismo periodo. Sin embargo, la utilización per cápita de la energía en el país representa sólo un tercio del promedio de la OCDE, lo que da espacio para un incremento adicional.
La economía mexicana es una de las más grandes del mundo, pero también una de las que más depende del petróleo. El transporte es por mucho el sector de uso final más importante, con casi un 45 por ciento del consumo. Como muestra, del 2000 a la fecha, la flota de vehículos ha pasado de 15 a 38 millones, por lo que las congestiones de tránsito son inversamente proporcionales a la calidad del aire en las grandes ciudades, sobrepasando ampliamente los límites superiores de concentraciones de partículas recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
Como señala este informe, en el escenario de la Reforma el tamaño de la economía se duplicaría para 2040, pero la demanda total de energía primaria crecería sólo 20 por ciento y el incremento adicional sería mitigado por mejoras en materia de eficiencia y cambios estructurales que reducirían a la mitad los indicadores de intensidad energética de la economía mexicana. Para esta misma fecha, el petróleo y el gas perderían terreno en el mix, reduciendo su participación hasta un 42 y 38 por ciento, respectivamente. En cuanto al robusto crecimiento en la demanda por parte de los sectores industriales, residenciales y de servicios, ésta se satisfaría con gas y, sobre todo, con electricidad, la cual podría representar casi la mitad del aumento en el consumo energético final.
La demanda de electricidad, a su vez, crecería a un ritmo tres veces más rápido que el promedio de la OCDE, debido a que el aumento de los ingresos y el nivel de vida se traducen en una mayor adquisición de electrodomésticos y de sistemas de frío. De ahí que se requieran normas y códigos más estrictos en lo que respecta a temas de eficiencia.
¿Y sin la Reforma Energética?
El reporte de la IEA es contundente: previo a la Reforma, el rumbo del sector energético no fue sustentable. Y sin este cambio en los paradigmas podrían esfumarse los beneficios acumulados en el PIB, proyectados para 2040 y calculados en más de un billón de dólares.
Sin la transición a una menor dependencia del petróleo, con el consiguiente mantenimiento del monopolio estatal sobre los hidrocarburos, la ausencia de participación privada adicional y la no reestructuración del sector eléctrico, se retrasaría el inicio de proyectos técnicamente complejos de explotación en aguas profundas y formaciones compactas.
Esta situación, añade el estudio, limitaría la capacidad de México para financiar proyectos de expansión y mejoramiento en campos petroleros ampliamente explotados. En un escenario más adverso, los efectos se traducirían en precios más altos para la industria y en subsidios más elevados para los hogares en 2040 (135 mil millones de dólares acumulados), con el fin de evitar subidas más fuertes en las tarifas eléctricas residenciales.
Además, sin políticas específicas destinadas a fomentar el papel de las energías limpias, el país quedaría muy lejos de sus objetivos en esta materia. Las repercusiones irían más allá del sector energético y afectarían a la economía en general, que experimentaría un crecimiento negativo de hasta menos cuatro por ciento.
En resumen, es necesaria una correcta implementación de la Reforma para garantizar una mayor inversión en suministro energético, calculada en 240 mil millones de dólares para el sector eléctrico, 640 mil en exploración y producción de hidrocarburos, y 130 mil millones adicionales en eficiencia energética.
En este sentido, el país tiene varias tareas a resolver, como garantizar que los nuevos organismos regulatorios tengan autoridad y capacidad suficiente para supervisar la transición y funcionamiento de un modelo de mercado más competitivo, productivo y transparente. Igualmente, se requiere que Pemex y CFE, una vez transformadas en empresas productivas, se apeguen a una reglamentación más efectiva que permita a otros actores competir con ellas en igualdad de condiciones.
De momento, concluye el informe, las primeras señales se perciben positivas en temas como la dirección y diseño global de la Reforma, la disposición por parte del Gobierno para garantizar que los términos de la inversión permanezcan competitivos y la respuesta del sector privado en las rondas de licitaciones y subastas.
