Normas y códigos, letra muerta
Por Felipe Lascurain.
Un tema preocupante aqueja al gremio de la construcción en general y a los contratistas de obra electromecánica en particular. ¿Cuáles han sido los dos pivotes sobre de la defensa o la resolución de todos los problemas derivados de las obras, ya sean privadas o públicas? En cuanto a las privadas, arrancamos de un código que se publicó el 6 de diciembre de 1926 y el 3 de enero de 1928. Como pueden ver, estos códigos, hoy en día en realidad, no aplican en su totalidad.
Considero que debe existir un ordenamiento específico para la construcción, que deberían lograr las Cámaras, en el sentido de que existiera una ley específica de obra; es decir, así como existe la obra pública, también debería existir la obra civil privada, en la cual el mismo código regulara las relaciones entre ambas partes.
Es muy importante, hoy en día, que las autoridades tomen en cuenta tanto a los colegios como a las instituciones y organismos especializados en obra o en cualquier otro tipo de materia. El legislador se cree genio, y, al creerse como tal, piensa que la máxima exposición de un genio es inventar. Así, ellos inventan las leyes de tal naturaleza; sin embargo, esto es un craso error, pues las leyes de obra o de cualquier otra actividad hay que descubrirlas, no inventarlas.
La misma obra nos va diciendo cuáles son los puntos álgidos que debería contemplar una buena legislación para mantener un óptimo y sano equilibrio entre las partes, al igual que la ley de obra pública debe tender a buscar el mismo equilibrio entre las partes.
En la actualidad, la ley que impera es el acuerdo de voluntades. ¿Qué acuerdo de voluntad puede tener un individuo que se encuentra al borde de la bancarrota y le dan un contrato leonino? Ninguno. En el momento en que termine de firmar ese contrato, ya está también firmando su muerte, está cavando su propia tumba porque no va a tener ninguna oportunidad de salir adelante.
¿Cómo podemos entender que hoy en día sigamos teniendo un código civil expedido en 1926 y 1928? Esto quiere decir que nuestro país es tan mágico que podemos detener el tiempo desde 1926 a la fecha. La construcción se congeló, no ha avanzado.
En el ámbito de la obra pública, tenemos una ley que tiene características diferentes: es 26 o 28 años más nueva. Y seguimos en la misma tónica. La ley seguramente fue hecha por unos genios que dijeron: “Esta ley va a tener como principal característica la permanencia en el tiempo”. Sólo que esta ley se circunscribe en todas aquellas obras que lleva a cabo el estado con empresas constructoras particulares.
Aquí hemos llegado a la inversa. En primer lugar, considero que muchos contratos de ese tipo están amañados. Punto número dos: se llevan a cabo por licitación, la que comúnmente también suelen estar manipulada. Punto número tres, y que debe ser muy preocupante, es el precio. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese viejo adagio de que no lo más barato es lo más bueno? Seguimos buscando abaratar a como dé lugar materiales de obra que, por ser de índole pública, deberían de ser de mucho mayor calidad y resistencia para minimizar los embates de cualquier contingencia.
Las asociaciones, las escuelas y todas aquellas corporaciones particulares que intervienen en la obra deben exigirle a las autoridades que tomen nota de cuáles son las sugerencias de cambio que se deben hacer, porque mientras unos burócratas –que no conocen ni siquiera los problemas que existen en la calle y mucho menos en la ciudad– se atreven a legislar desoyendo toda la práctica, todo el conocimiento que tienen los constructores, que día a día están enfrentando a problemáticas varias, se queda en la nada.
Al final, por lo general –y dadas las circunstancias planteadas respecto del desconocimiento en la elaboración de leyes y reglas, aunado a la vigencia de los códigos–, los contratistas terminan sin poder cobrar la totalidad de su trabajo, a menos que dicha obra pública esté amañada con algún tipo de funcionario corrupto.
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Felipe Lascurain.
delascurain.consultoreslegales@e-management.mx
Licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Iberoamericana. A lo largo de su carrera, adquirió una amplia experiencia en la asesoría a empresas dedicadas al ramo financiero, seguros, inmobiliario y construcción, tanto en su planeación como en su parte corporativa y legal.
