Riesgos y efectos de la Reforma Energética
Por Héctor Sánchez García.
Nos encontramos ante la víspera del nuevo esquema energético que pretende incrementar, o al menos mantener, el 4.7 por ciento del PIB de los ingresos anuales de la Federación.
Sin embargo, la desnacionalización del sector energético contribuye a una alteración de la autonomía patrimonial y a la confirmación de México como país proveedor de materias primas, por lo que los hidrocarburos y la energía eléctrica dejan de ser áreas estratégicas.
Se mantiene la prohibición de otorgar concesiones en materia de petróleo e hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos en el subsuelo, la transmisión y distribución de energía eléctrica, pero no subsiste más al tratarse de contratos y asignaciones a sus empresas productivas (Pemex y CFE) o con particulares.
Estas empresas productivas del Estado pueden contratar con particulares, y éstas no se limitan a las modalidades ni contraprestaciones que paga el Estado. Es a partir de esta flexibilidad que las empresas podrán contraer obligaciones con base en bienes que no les pertenecen y a partir de beneficios especulativos.
Por otro lado, se tiene que considerar que la apertura del sector energético a las inversiones extranjeras directas se hace compatible con los tratados internacionales firmados por México con otros países, como el caso de TLCAN, que mantenía algunas reservas interpuestas al capítulo VI por México, que a partir de entrar las leyes reglamentarias en vigor, las disposiciones relativas a las regalías pro empresariales contenidas en el capítulo XI de dicho tratado serían válidas y aplicables.
Conocida entonces la subordinación a un capital de países en tratados internacionales, ello puede poner en peligro la seguridad y la soberanía energética.
Por último, cabe señalar que el tema de la conversión de Pemex y la CFE en empresas productivas del Estado termina con el tratamiento de empresas públicas e implica una adopción de criterios gerencialistas de administración para la competencia, más afines a las empresas del sector privado, y que tienen propósitos de creación de valor económico y el incremento de los ingresos de la nación.
En este tenor, debemos reflexionar lo siguiente.
1. ¿La apertura al capital extranjero podrá generar sometimiento a los tratados internacionales con graves consecuencias para México? Como dijo Lorenzo Meyer: “El resultado del TLCAN como tratado sólo garantiza las ganancias de las empresas más fuertes, y la experiencia ‘no fue nada buena’”.
2. La Reforma aprobada permite a las compañías que obtienen licencia contabilizar reservados entre sus activos, lo que genera valorización de sus acciones y la opción de cotizar en la bolsa. Esto representa un riesgo al generar expectativas de sobreapreciación de acciones y dar como resultado especulación de capital, lo que afecta al verdadero propietario de los hidrocarburos: México.
3. ¿Un escenario catastrófico de daño al medioambiente estará efectivamente bajo control de la legislación mexicana o bajo la tutela del régimen internacional? Esto pondría en duda la capacidad de resarcir los daños a las empresas internacionales sujetas a litigios de corte trasnacional.
4. Si bien la Reforma contempló la creación y ampliación de facultades a Organismos Públicos, Comisiones e Institutos (más burocracia) para rendir cuentas y que se transparenten las licencias, contratos y operaciones derivadas del nuevo esquema, nos queda clara la falta de capacidad institucional para el combate efectivo de la corrupción, que es uno de los reclamos más sentidos para la sociedad mexicana y pilar para construir un Gobierno más eficaz que logre los resultados tan esperados: bajar las tarifas eléctricas, el precio de gas; generar cerca de 1 punto porcentual más de crecimiento económico en 2018; crear aproximadamente 500 mil empleos hasta llegar a 2 millones 500 mil en 2025; duplicar reservas de petróleo y gas al ciento por ciento, mejorar la producción a 3 millones en 2018, y favorecer el gasto social y la competitividad.
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Héctor Sánchez García
Egresado del Centro de Investigaciones de la FCPAP de la UANL. Coordinador del Sector Salud del Gobierno Federal. Catedrático de la Facultad de Administración y Contaduría Pública. Es accionista y director General de SEPSA, empresa que ha generado expansión a cuatro empresas a nivel internacional.
